Este jueves ha tenido lugar una concentración multitudinaria (hasta el punto en que lo permite el cumplimiento de las medidas sanitarias) en respuesta a las amenazas del nuevo gobierno nacionalista encabezado por Pere Aragonés de desalojar a la Policía Nacional de la icónica comisaría de Vía Layetana.  Esta intención es una reclamación habitual de los nacionalistas, apoyados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha insistido en diversas ocasiones en ese desalojo, con la pretensión de convertir la actual Jefatura Superior de Policía en una especie de centro de interpretación del franquismo, periodo con el que se intenta vincular al cuerpo de policía.

Gran variedad de asociaciones

Si algo ha distinguido esta concentración de otras es la diversidad de partidos políticos, sindicatos y asociaciones, grandes y pequeñas, que ha reunido.  Sindicatos policiales como JUPOL, asociaciones como Cataluña Suma o Españoles de a pié, incluso partidos políticos de reciente formación, como el Partido de Orden y Ley (POLE), que tras presentarse en las pasadas autonómicas de Madrid podría estar preparando su implantación en Cataluña.

¿Por qué desea el nacionalismo expulsar a la Policía Nacional?

Es conocido que los partidos nacionalistas consideran a los cuerpos y fuerzas oficiales del estado "fuerzas de ocupación", y muy especialmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, mientras que el cuerpo de Mossos d'Esquadra es considerado "nuestra policía" por el nacionalismo (aunque también tienen sus más y sus menos con ellos).  La excusa más utilizada para tal enemistad es la representación estatal que implica la Policía Nacional junto con su pasada vinculación al régimen franquista, pero más allá de estos extravagantes argumentos (que implicarían que toda la policía actual está "manchada" por el franquismo) podrían esconderse motivos mucho menos idealistas.

Por ejemplo, según un reciente informe del europeo Govern Quality Institute, Cataluña es la región con el peor gobierno de España y en esa calificación uno de los valores principales es la corrupción.  Fue la corrupción la que descabalgó al primogénito de Jordi Pujol de ser su sucesor político, lo que hizo que tuviera que reemplazarle por Artur Mas y posiblemente diese origen al "procés", como aseveraron en su momento políticos como Miguel Angel Revilla.  También fue la corrupción la que desmembró el partido de Mas y sacó los colores a las élites procesistas poniendo al descubierto una miriada de casos de corrupción (caso 3%, caso Palau, caso ITVs, caso de las prótesis caducadas, desvíos de la ayuda al tercer mundo, etc) que se han extendido hasta sus partidos sucesores, estando la múmero uno de JuntsXCat, Laura Borràs investigada por corrupción, algo que ya parece una tradición en la formación posconvergente.  Y todos estos escándalos de corrupción tienen una cosa en común: han sido investigados por la Policía Nacional y por la Guardia Civil.  El cuerpo de Mossos de Esquadra jamás han sacado a la luz un solo caso de corrupción que afecte al gobierno nacionalista, ya que aunque cuenta con muchos agentes comprometidos y eficientes, la politización del cuerpo aumenta con el rango según testimonios de varios mossos entrevistados.  Es facil suponer que con la desaparición de la Policía Nacional y la Guardia Civil ya nadie investigaría la corrupción en Cataluña.

Ese podría ser uno de los factores determinantes que impulsan al nacionalismo a buscar la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez para eliminar ese obstáculo.  Sin embargo los principales defensores de la Policía no pretenden quedarse quietos ante tal amenaza, motivo por el cual el sindicato policial JUPOL ha lanzado una campaña en Change.org buscando adhesiones para impedir el desalojo.  Una campaña que hasta el momento ha logrado 70.000 firmas.