Hoy hace 3 años del 1 de octubre, aquel día en que los mandatarios nacionalistas arengaron a sus seguidores para que se enfrentaran a la policía.  Tras dos años de aniversarios con movilizaciones, cortes de calles, enfrentamientos con la policía y colegios politizados y cubiertos de plásticos amarillos, hoy el 1 de octubre comienza con calma y normalidad.  Solo la presencia de numerosos carteles en formato Din A4 y a un solo color (los más baratos) colocados a centenares en los contenedores de basura pretenden convertir esta jornada en un día de reivindicación.  Los carteles repiten "ni olvido ni perdón", mientras la gente pasa a su lado sin prestarles atención.

Pero no deberían ignorarlos.  El 1 de octubre fue el segundo acto de los tres que conformaron el intento de golpe de estado, legalmente el menos importante de los tres, pero a nivel emocional era crucial, porque el objetivo del nacionalismo era, tal y como indicó Oriol Junqueras antes del evento, mostrar al mundo a "gente con papeletas en la mano y a policías pegándoles", porque así "ya habrían ganado".

Sin embargo "el mundo" no les siguió el juego porque el referéndum no era legal, aunque de haberlo sido podrían haber comprobado sin mucho esfuerzo que tampoco era legítimo.  Veamos ahora los motivos que nos aclararán, de forma sencilla, estas dos afirmaciones.

¿Por qué el referéndum del 1 de octubre no fue legal?

Esta afirmación es la más fácil de demostrar, por la curiosa razón de que el propio gobierno nacionalista se encargó de certificar la ilegalidad del mismo.

* Vulneraba el Estatut de Autonomía de Cataluña y la Constitución Española.

Para ello no tenemos más que remitirnos al propio Comité de Garantíes Estatutaries que creó el gobierno nacionalista para "asegurar que el referéndum se ajustaba al marco legal constitucional y estatutario".  Pese a que ese organismo fue creado por el nacionalismo para certificar la legalidad del proceso (y formaron parte de él muchos independentistas) sus propios letrados dictaminaron en contra sin asomo de duda.  Aquella convocatoria desafiaba ambos marcos legales de forma flagrante.  Los propios independentistas certificaban así la ilegalidad de su acto.

* Vulneraba la legislación Europea.

Para ello nos remitimos al dictamen de la Comisión de Venecia, organización del Consejo Europeo, a cuyo juicio sometió el gobierno nacionalista su referéndum.  El dictamen fue tajante: el referéndum no era ni legal ni democrático porque no cumplía una serie de condiciones mínimas, como regirse por una normativa publicada con un año de antelación (recordemos que las reglas de votación se hicieron públicas a lo largo de la misma mañana del 1 de octubre, cuando ya habían "votado" algunas personas).  Tampoco podía ser legal sin someterse al marco legal del país miembro (cosa que evidentemente no hacía) y ningún referéndum podía ser legal sin ser pactado, y este era unilateral.  Una vez más, el gobierno nacionalista sometía su referéndum a juicio y obtenía otro certificado de ilegalidad.

Evidentemente la convocatoria vulneró muchas otras leyes, pero tras lo dicho, ¿Hace falta añadir más?  Desde aquel día el gobierno nacionalista no ha parado de recurrir a Europa cada medida que el gobierno de España tomase para detener aquel acto ilegal, el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) empezó a recibir denuncias que eventualmente fue respondiendo y sus respuestas fueron demoledoras, todas a favor de la actuación del gobierno de España y ninguna favorable al nacionalismo.  La más clara y rotunda fue la sentencia de Estrasburgo contra la denuncia por la "vulneración de derechos de los parlamentarios" al suspender la sesión del 9 de octubre de 2017 en la que presumiblemente se iba a declarar la independencia.  El TEDH no solo desestimaba la denuncia sino que enfatizaba que la actuación del gobierno de España era "necesaria en un estado democrático", "legítima" y "una necesidad social apremiante".  Y la resolución era definitiva e inapelable.

¿Por qué el referéndum del 1 de octubre no fue legítimo?

La respuesta a esta pregunta también es sencilla, lo que ocurre es que esta pregunta no se suele responder porque cuando un estado u organización europea llega a la conclusión de que un referéndum es ilegal y, por lo tanto, no tiene ninguna validez, ya no entran a juzgar el grado de legitimidad del mismo.  Pero hagamos un ejercicio de imaginación y fiscalicemos esa convocatoria electoral como si no hubiese sido una escenificación victimista sino una herramienta de la democracia, y veamos, por lo tanto, todos los hechos que vulneraron las más elementales reglas democráticas.

* El referéndum no estaba en el programa votado por los independentistas.

Es un hecho.  Ni JuntsPelSi ni la CUP planteaban en sus programas un referéndum, sino que tomaron las elecciones a las que se presentaban como un plebiscito.  De ganar dicho plebiscito pretendían llevar a cabo una DUI (Declaración Unilateral de Independencia).  Pero al lograr la mayoría de escaños sin tener mayoría de votos se hizo evidente que no lo habían ganado (En palabras del líder de la CUP, Antonio Baños "no hemos ganado el plebiscito, por lo tanto no hay DUI"), y entonces, tras las luchas intestinas que descabalgaron a Artur Mas y auparon a la presidencia al entonces desconocido Puigdemont se planteó este nuevo referéndum unilateral que Oriol Junqueras rechazó de plano por considerarlo "una pantalla pasada", aunque después cambió de opinión y decidió llevarlo a cabo aunque los catalanes nunca hubiesen votado por ello.

* El referéndum no fue apoyado por la mayoría de los catalanes.

Ya hemos mencionado que la coalición de JuntsPelSi y la CUP perdió el plebiscito en votos porque se trataba de un plebiscito falso, ya que en uno de verdad se cuentan los votos y en este, como sabían que no llegarían al 50% contaron los escaños, que gracias a una antigua ley electoral española que ya solo se usa en Cataluña dan una enorme ventaja a las provincias más despobladas como Lérida (de mayoría independentista), sobre las más pobladas como Barcelona (de mayoría constitucionalista), hasta el punto de que un voto en Lleida puede valer lo que tres en Barcelona.  De esta forma la coalición nacionalista logró mayoría absoluta en el Parlament sin lograr más del 47% de los votos.  Tenían el poder, pero no a la gente.  Por lo menos no a la mayoría.

Pero es que hay que recordar que muchos representantes políticos de ese 47%, parlamentarios nacionalistas, tampoco querían ese referéndum.  Muchos se cerraron en banda y cayeron en la famosa purga de Puigdemont, que sustituyó a todos los cargos electos que mostraban dudas por militantes leales a toda prueba como Clara Ponsatí (la responsable de Educación que no era capaz de expresarse bien en Español) y otros.  Ese 47% de legitimidad se reducía paulatinamente conforme muchos de sus representantes eran purgados en favor de gente de perfil más radical, incluyendo al responsable de los mossos, que había afirmado que en caso de ilegalidad estaba dispuesto a detener a Puigdemont, y que fue "dimitido" en favor de Trapero, para el que se reinstauró el antiguo cargo de "mayor".  De hecho, tal purga podría considerarse realmente como un autogolpe dentro del golpe principal.  A última hora se bajaron de la locomotora los escépticos que aún quedaban, siendo el último Santi Vila, desde entonces tildado de Judas por el nacionalismo.  Finalmente, solo los más convencidos, los resultantes de la purga, fueron los que firmaron las leyes de "desconexión", auténtico primer acto del intento golpista llevado a cabo los días 6 y 7 de septiembre de 2017 en los llamados "plenos de la vergüenza" en los que se vulneraron calamitosamente los derechos de las minorías parlamentarias que, en este caso, representaban a la mayoría social.  Recordemos que todos los demás grupos abandonaron el hemiciclo, incluidos los comunes, que en el programa que les había llevado al Parlament se habían opuesto frontalmente a cualquier acción unilateral.

* Su ejecución fue cualquier cosa menos democrática

Ya metidos en el referéndum en si, el respeto a la democracia brilló por su ausencia.  Evidentemente no hubo enfrentamiento electoral, ni debates, ni oposición.  Los nacionalistas eran los organizadores, los que hacían la única campaña, los que contrataban y pagaban la pegada de carteles (hubo un risible intento de hacer ver que existía una contracampaña con una pequeña tirada de carteles, todos idénticos, que afirmaban representar a los partidos constitucionalistas ¡e incluso a Franco! pidiendo el NO, pero no se lo creyó nadie).  Los nacionalistas fueron los que votaron, los que contabilizaron, los que pagaron a los "observadores" (amén de presentarse la propia ANC como "observador imparcial") y los que daban los resultados.  La gente podía "votar" donde quisiera y las veces que quisiera.

Obviamente los resultados oficiales, publicados semanas después y aún hoy accesibles públicamente, muestran unas incongruencias calamitosas.  En más de 80 municipios catalanes no solamente hubieron más SIes que NOes.. sino que nubo mas SIes que habitantes.  Estamos hablando de porcentajes de SI del 300% o hasta del 500%.  Para entendernos, es como si cada persona censada hubiese votado cinco veces o como si los lactantes y los habitantes del cementerio del pueblo pudiesen votar.  Y eso sin contar hechos esperpénticos como las urnas que cayeron al suelo antes de la votación en la Barcelonesa Escola de Treball.. y que ya iban llenas de papeletas o el hecho de que se grabó una conversación entre dos políticos nacionalistas antes de la convocatoria en la que comentaban el resultado que darían tras la votación, diciendo que dirían que habían participado alrededor de dos millones de personas por culpa de la "represión policial" pero que realmente eran tres millones los que habían querido votar... que fue más o menos lo que comunicaron cuando llegó la hora, afirmando que, con esos datos irreales, habían obtenido alrededor de dos millones de apoyos, algo que por otra parte obtienen en las elecciones democráticas, pero con un censo de más de cinco millones y muchos más votos en contra que a favor.

En resumidas cuentas, los nacionalistas tuvieron suerte de que el referéndum fuese tan ilegal, porque si no llega a serlo y los medios europeos tienen que entrar a analizar la limpieza del proceso, el bochorno para ellos hubiera sido espantoso.  El 1 de octubre fue sin duda el acto más lamentable de los tres que compusieron el golpe.  Del tercero, el día de la declaración propiamente dicha, pocos recuerdan la fecha exacta, vampirizada la efeméride por la de este 1 de octubre de rabia, dolor y fake news.  Del primero, de ese 6 de octubre en el que se firmó la ruptura con las leyes catalanas, españolas y europeas es del que no nos podemos olvidar.  Fue el día en que se plantearon las "leyes de desconexión" donde se afirmaba que las decisiones tomadas en el parlament "no se supeditarán a las instituciones españolas ni, sobre todo, a las decisiones del Tribunal Constitucional", palabras escalofriantes que solo se usaron antes durante la firma de las leyes habilitantes que concedieron a Adolf Hitler poderes plenipotenciarios.

Ilegal.  Ilegítimo.  Antidemocrático.  Por eso ningún país del mundo ha reconocido la "nación catalana".  Por eso ninguna de las alrededor de doscientas ONGs pro derechos humanos considera a los presos del "procés" presos políticos, sino que como han hecho Amnistia Internacional y Human Rights Watch, lo han negado categóricamente.  Por eso Amnistía internacional ha negado las pretensiones nacionalistas respecto al juicio del "procés" y ha declarado que "no puede decirse que no haya sido un juicio justo".  

En algo estoy de acuerdo con el cartel: Ni olvido ni perdón, aunque Pedro Sánchez se empeñe en hacer ambas cosas.

Lo que pasó no se debe olvidar.  Y quien no lo vea claro, que tire de hemeroteca.  Todo está ahí.